La verdad y la justicia llegaron a Corrientes

Tras varios años de idas y vueltas juzgan la desaparición de Marcelo Pereyra, trabajador de la yerbatera Las Marías, durante la dictadura militar. El único acusado es el ex intendente de Virasoro, Héctor Torres Queirel.

 

Por Ailín Bullentini

Como lo hicieron los Blaquier en Jujuy, el 24 de marzo de 1976 la familia Navajas Artaza, dueña de Establecimiento Las Marías, también celebró el golpe de Estado. Días después, el presidente de la empresa, Adolfo Navajas Artaza llevó a Juan Carlos Sacco, quien quedó a cargo de la comisaría local del pueblo correntino Gobernador Virasoro, a hablar con los delegados de la productora y comercializadora de yerba y té. “Acá se terminaron los sindicatos”, los amenazó el entonces capitán Sacco. Y cumplió. Una veintena de trabajadores de Las Marías resultaron secuestrados. Luego de más de una década de investigación, solo uno de esos casos llegó a juicio oral: el de Marcelo Pereyra, quien permanece desaparecido. El acusado es el ex intendente de facto de Virasoro Héctor Torres Queirel. Sacco quedó fuera del debate que comenzó esta semana en el centro de la ciudad y tendrá veredicto antes de fin de mes por cuestiones de salud. A Navajas Artaza lo salvó muchos años atrás la complicidad judicial. Los sobrevivientes, las familias de las víctimas y los militantes de derechos humanos de la provincia, no obstante, ven el vaso medio lleno: “A pesar de que este juicio es lo que quedó en pie tras la ola de impunidad que arrasó la causa, lo asumimos como el primer paso en el camino de la justicia social que tanto nos fue demorada”, apuntó Hilda Presman, coordinadora de la Red de Derechos Humanos de Corrientes.

El terrorismo de Estado llegó a Virasoro para barrer con la organización sindical que había nacido a principios de la década del 70 en el corazón mismo del Establecimiento Las Marías. “Toda la represión en Virasoro estuvo pura y exclusivamente vinculada a trabajadores rurales sindicalizados. No hubo trabajadores de otra naturaleza secuestrados, torturados o desaparecidos. Por eso hablamos de la responsabilidad empresarial de Las Marías”, aseguró Presman. Los secretarios generales de los flamantes Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) y Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (FATRE), Marcelo Acuña y Ramón Aguirre, entre otros, integraron la primera tanda de detenidos durante el golpe. Fueron paseados por diferentes comisarías locales y cárceles del país. Aguirre acabó exiliado en Bélgica. Al año siguiente sucedió otra redada de secuestros, esta vez el destino fueron centros clandestinos de detención de la provincia y de Misiones. La mayoría sobrevivió. Neri Pérez, segundo de Aguirre en Fatre, no. Fue secuestrado el 2 de junio de 1977 en su casa. Compañeros de Las Marías lo vieron en centros clandestinos de Posadas y permanece desaparecido. A Marcelo Pereyra se lo llevaron el 29 de ese mismo mes de la estancia María Aleida, propiedad de Torres Queirel y sigue desaparecido.

Torres Queirel es el único acusado en el juicio oral que comenzó el lunes y que culminará la ronda de testimonios pasado mañana. Responderá solo por el secuestro de Pereyra. La investigación comenzó en 2006, cuando Jorge Pérez denunció el secuestro y la desaparición de su padre. Cuando la Fiscalía comenzó a hurgar, se encontró con un expediente de 1977 iniciado por una denuncia de Adolfo Navajas Artaza, quien acusaba de participar de una “asociación ilícita” a Pérez, Pereyra, los secretarios generales de los sindicatos y la mayoría de los trabajadores que fueron luego secuestrados. “La familia dueña de Las Marías los acusaba de romper máquinas y de atentar contra la paz y la armonía de trabajo”, detalló la coordinadora de la red de DDHH provincial. El hilo de la instrucción pone a Adolfo Navajas Artaza al borde de la declaración indagatoria.

Pero la complicidad entre el Poder Judicial y el poder económico lo impidieron. El entonces juez federal Ángel Oliva fue el primero de 20 magistrados en excusarse de continuar con la imputación de Navajas Artaza. Un año y medio después, el magistrado Tomás Chalup sobreseyó al empresario sin tomarle declaración indagatoria.

La causa siguió por la línea militar, con Sacco, el jefe de área de Curuzú Cutiá, Llamil Reston, Duilio Martínez y Ricardo Schweizer como acusados de los secuestros. El expediente fue elevado a juicio y estaba listo para comenzar en octubre de 2014. Pero se demoró cuatro años: en ese tiempo, Martínez y Schweizer murieron, mientras que Sacco y Reston fueron apartados del juicio por razones de salud. Por eso Presman llama al debate en curso “el juicio de los despojos”.”Es un juicio con una estructura débil. Pero llegamos  sin ayuda de nadie, con el empuje de los sobrevivientes, trabajadores rurales de escasos recursos –sin ir más lejos, la familia de Pereyra no cuenta con querella propia– que lo que esperan es poder contar lo que sufrieron ante la Justicia y al pueblo. Poder visibilizar que la familia Navajas Artaza fue la responsable de su suerte y empezar a construir en el corazón del pueblo la condena social que merecen”, concluyó.

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