“Los bloqueos son una medida más en el marco de distintas acciones.”

Olga Aguirre – del Partido Obrero – se refirió a las medidas de bloqueo a la salida de ómnibus del Grupo Z, que llevaron adelante junto al MP La Dignidad en dos ocasiones. Las discusiones por la determinación del precio del boleto y el aumento de tarifas fueron temas de esta entrevista. Audio.

El jueves 3 y 31 de enero la ciudad de Posadas amaneció con la novedad de la ausencia de la mayor parte de las  líneas de colectivos en las calles. Algunas organizaciones sociales llevaban adelante el bloqueo a la salida de ómnibus como forma de protesta ante el nuevo aumento del precio del boleto.

La medida generó un alto impacto y volvió a poner en discusión la compleja problemática del transporte público de pasajeros, el alto costo del servicio, su deficiencia y la concentración del negocio en manos de un solo grupo empresario.

Olga Aguirre admite que la medida resultó polémica, ya que según explica se trata de afectar el servicio para llamar la atención sobre una problemática que no tiene solución de fondo desde hace años. En enero se sumó un nuevo aumento del precio del boleto, ya de por si gravoso para los usuarios. De todas maneras, explicó que los bloqueos son parte de una serie de medidas que incluyeron marchas, reuniones con funcionarios, asistencia a las audiencias públicas y pedidos de informes.

El principal punto de discusión es el aumento de la tarifa, fundamentada según los empresarios en el inminente retiro de los subsidios nacionales. La provincia compensó compensó dichos subsidios pero el aumento se otorgó igualmente.

Subsidios estatales sin control:

“El grupo empresario se embolsa millones con tarifas abusivas y subsidios del Estado” define Aguirre, que  insiste en la necesidad de la apertura de los libros contables de las empresas prestatarias, para poder determinar el costo del servicio y el precio correspondiente al boleto urbano. Sin embargo, los subsidios estatales se otorgan sin que se ejerza control sobre los números que manejan las empresas concesionarias.

 

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