“Que todos los operadores judiciales empiecen a rendir cuentas de lo que pasó”

Organizaciones sociales y de derechos humanos exigen medidas tras la muerte de Cristina Vázquez, la mujer que fue liberada en diciembre pasado por resolución de la Corte Suprema de Justicia tras pasar más de 11 años en prisión infundada. Alicia Rivas, del Equipo Misionero de DD HH, Justicia y Género explicó a la prensa el reclamo que realizan. Audio.

 

Un petitorio dirigido al Ejecutivo provincial, al Superior Tribunal de Justicia y al Consejo de la Magistratura es la herramienta a través de la cual organizaciones sociales y de derechos humanos expresaron su preocupación y requirieron medidas a las autoridades ante lo sucedido con Cristina Vázquez, quien fue hallada sin vida en su domicilio el pasado 26 de agosto y cuya muerte se atribuye a un suicidio. La misma ocurrió a escasos 8 meses de su liberación, tras quedar encarcelada con sentencia a prisión perpetua en 2009.

Las organizaciones señalan la responsabilidad del Estado misionero en el triste final de Cristina, cuya absolución por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación luego de haber sido condenada dos veces por la justicia misionera dejó a esta última en el ridículo.

“Estamos pidiendo que se esclarezcan las causas reales de la muerte de Cristina y ese contexto de abandono también, que la puso en situación de extrema vulnerabilidad luego de haber estado tanto tiempo injustamente detenida” – relató Alicia Rivas, miembro del Equipo Misionero de DD HH, Justicia y Género.

La presentación fue acompañada por otras organizaciones sociales y de derechos humanos que cuestionan particularmente la actuación del Poder Judicial misionero. En el año 2016 la Corte Suprema de Justicia de la Nación había ordenado al Superior Tribunal de Justicia que revisara la condena a prisión perpetua contra Cristina Vázquez, Cecilia Rojas y Ricardo Omar Jara por el asesinato en 2001 de la anciana Ersélides Dávalos. La  Corte encontró numerosos vicios y falta de pruebas en la causa judicial y requirió al Superior Tribunal misionero el dictado de una nueva sentencia. El STJ emitió un nuevo dictamen idéntico al anterior. Por ese motivo, la Corte volvió a revisar el caso en 2019 y decidió absolver a las acusadas.

“Estamos pidiendo que todos los operadores judiciales, desde fiscales hasta jueces, integrantes de los tribunales que la juzgaron tanto a ella como a Cecilia Rojas y también a Omar Jara que empiecen a rendir cuentas de lo que pasó porque la Corte Suprema de Justicia en dos oportunidades ordenó que se revisara esta condena. En la primera, el Superior Tribunal de Justicia ni siquiera revisó, solamente confirmó, y en la segunda oportunidad, cuando la Corte volvió a ver el expediente resolvió absolverla porque dijo ´si la enviamos a la Corte misionera no hay garantías de que se respeten los derechos de cecilia y de Cristina en este caso´…” – resumió Rivas, quien destacó la arbitrariedad de la justicia misionera.

 

Responsabilidad del Estado:

Otro de los puntos de crítica es la falta de asistencia y reparación a quienes fueron víctimas de una condena sin pruebas que los mantuvo durante largos años en prisión. En el caso de Cristina, señaló Rivas:

“La situación de vulnerabilidad en que la dejaron después de esa absolución explica lo que le pasó después y queremos que eso se empiece a identificar. Cuáles son las áreas del Estado que debieron asistirla una vez que recuperó la libertad, qué tipo de asistencia necesitaba alguien que fue prisionizada durante más de 12 años… todo el proyecto de vida que podía tener una adolescente cuando la atraparon en ese sistema judicial realmente destruido. Violentada ella y su familia. El Poder Judicial todavía ni siquiera tomó contacto con la familia de Cristina.” – advirtió.

Con casi 40 años, Cristina Vázquez fue liberada y dejada a su suerte, sin trabajo y sin vivienda, con la única ayuda de su familia. Poco después el Estado provincial le otorgó un contrato precario de trabajo,  pero no existió ningún planteo de reparación del daño que sufrió por haber sido encarcelada y condenada sin pruebas.

Cristina Vázquez, el 27 de diciembre de 2019, día de su liberación. Ocho meses después fue encontrada muerta en su domicilio. El Estado misionero no hizo ningún planteo reparatorio por el daño que le ocasionó la condena sin pruebas a prisión perpetua.

“Se habló de un suicidio, queremos que nos expliquen bien la situación y también ese contexto, si esa fue la situación, ese contexto que empuja a una persona a tomar una decisión. Ella necesitaba ayuda, la estaba pidiendo hace mucho tiempo y no hubo ningun tipo de asistencia real, concreta y eficiente para reparar el daño que el Estado le hizo a ella y a toda su familia. Y lo mismo para Cecilia, porque tampoco el Estado está para Cecilia Rojas ahora.”- expresó Alicia Rivas.

Ninguna de las autoridades judiciales que fueron parte de la condena cuestionada por la Corte Suprema se refirieron públicamente al hecho, y tampoco lo hicieron ante la muerte de Vázquez.

Asimismo, Ricardo Omar Jara, el tercer condenado en el caso, sigue aún en prisión:

“Omar Jara estaba en el mismo expediente de Cecilia y Cristina. Ayer había alguna novedad de que lo iban a liberar. Esa persona está (el penal de) Loreto. ¿Alguien puede explicar por qué sigue preso? ¿Alguien puede explicar por qué si absolvió la Corte esa persona sigue presa? Entonces queremos que se empiece a investigar y todos los funcionarios judiciales que tuvieron responsabilidad empiecen a ser investigados, a ser interpelados en este contexto.” – planteó Rivas.

 

 

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