“Buscamos poder tener una política de drogas respetuosa de los derechos humanos”

 Marcos Chigal es abogado, trabajador judicial y miembro de la ONG Reset, que trabaja específicamente por una política de drogas respetuosa de los derechos humanos. En esta entrevista, expone la política actual del Estado argentino en la materia con las problemáticas que acarrea, asi como propone un enfoque basado en la reducción de daños y la no criminalización. Audios. 

Criminalización: otros enfoques posibles

En Argentina, la política de drogas se basa principalmente en lo dispuesto por la ley 23737 que determina las conductas punibles en relación a las sustancias caracterizadas como “estupefacientes”. La ley, que entró en vigencia en octubre de 1989, es considerada obsoleta por juristas, activistas, especialistas en adicciones por los conceptos que rigen su redacción. A  través de ella se reprimen desde conductas como el consumo personal o vinculadas al mismo, el cultivo de plantas prohibidas, la producción de estupefacientes o el tráfico a gran escala.

La ley rige la principal política que tiene el Estado argentino ante la cuestión planteada genéricamente como “de drogas”: el prohibicionismo y la criminalización.

“El abordaje para ser respetuoso de los derechos humanos debe ser respetuoso del derecho de la persona a consumir”

La necesidad de un enfoque distinto, en el cual se respete el derecho de las personas a consumir cualquier sustancia y que en todo caso los consumos problemáticos se aborden desde el sistema de salud, es una de las primeras cuestiones a las que se refiere Marcos Chigal:

“El Estado, al tener una ley como la 23737 (…) que castiga con pena, criminaliza y penaliza a las personas que deciden consumir o conductas vinculadas al consumo, es muy difícil que tenga otro tipo de respuesta. Que una persona que consume sea absorbida por el sistema penal es estigmatizarla por el hecho de decidir consumir libremente una sustancia. Esa es la primera respuesta, el Estado al dar esa respuesta ya no se preocupa por lo otro. Entonces una persona que consume, difícilmente ante una situación de consumo problemático, una adicción, decida recurrir al campo de la salud estatal porque sabe que si lo hace va a ser criminalizada.” expone Chigal, quien explicita la premisa de  Reset acerca de una política de drogas respetuosa de derechos humanos:

“El abordaje para ser respetuoso de los derechos humanos debe ser respetuoso del derecho de la persona a consumir, y desde ese lugar, no criminalizar. Y ahí sí podemos tener otro tipo de abordaje para poder ver cómo solucionamos algún problema que se pueda presentar en el consumo. Si el consumo es problemático, si termina en una adicción. Es muy bajo el porcentaje de las personas que consumen que terminan en ese tipo de problemas, pero esas personas deberían ser absorbidas por el sistema de salud, no por el sistema penal.” – postula.

Reducción de daños:

La implementación de políticas de reducción de daños, encarada prioritariamente desde el sistema sanitario y la prevención a través de la información es una de las propuestas que menciona Chigal como un enfoque más adecuado que el actual. Si bien es frecuente la referencia a experiencias en otros países, es lo que en Argentina se hace con respecto al consumo de alcohol: no prohibir su consumo, informar sobre los daños que puede conllevar, e indicar qué no hacer en caso de que la persona decida consumir.

Para aplicar una política de reducción de daños también se propone que el Estado tenga un rol activo también en la provisión de elementos que podría llegar a incluir  sustancias hoy en día prohibidas:

“Sustancias de calidad fabricadas incluso por el Estado”– alude Chigal, que admite que “Es difícil lograr eso en este país donde lo primero que se hace es criminalizar.”

Qué sustancias se consideran estupefacientes: una cuestión de política internacional

Si bien bien cuando se habla de la lucha contra el tráfico ilegal de drogas casi siempre se menciona un número reducido de sustancias, el listado de “estupefacientes” es extenso:

“Para la ley de drogas, estupefacientes son sustancias que pueden acarrear una dependencia psíquica o física, y que además tiene que estar en una lista que la elabora el Ejecutivo. Es imposible conocer todas las sustancias que están en la lista porque se renueva todo el tiempo y es muy larga …” – explica Chigal, quien se refiere al origen de el sistema de listas de sustancias prohibidas:

“Tomamos el mismo sistema de lista que adoptan las convenciones de la ONU en esta materia, convenciones del 61 y el 71 que establecen listas de la 1 a la 4, donde clasifica a cada una de las sustancias según el grado de peligrosidad, según la posibilidad o no de investigación científica, si tienen o no alguna aplicación médica…” – detalla Chigal, quien señala que al tratarse de listas tan antiguas han quedado desactualizadas en relación a debates mas actuales sobre las sustancias e inclusive respecto a avances de la investigación científica. Por ejemplo, en el listado del ´71 el cannabis está entre las sustancias consideradas mas peligrosas y sobre las cuales no hay posibilidad de investigación científica o aplicación médica.

Audio 2: Marcos Chigal. Selectividad penal en la aplicación de la ley 23737.

Si bien en Argentina existe una comisión vinculada al Poder Ejecutivo que actualiza la lista, la inclusión de ciertas sustancias en el listado en el listado de la ONU se entiende como una traba para avanzar en regulaciones respecto a ellas.

“Nosotros seguimos dentro de esa normativa internacional. Y los países que han dado cierta regulación a determinadas sustancias que están consideradas dentro de esta lista de la ONU es porque han desobedecido esas convenciones aún siendo parte de la ONU. Como Uruguay, Canadá, algunos estados de los EEUU, muchos países europeos… Nosotros acá ponemos la excusa de que no podemos dar ciertas regulaciones con determinadas sustancias porque están en las convenciones de la ONU. Es simplemente voluntad…”– caracteriza Chigal.

Conductas

Si bien la lucha contra el narcotráfico es una premisa de todos los gobiernos, la ley 23737 reprime una gran cantidad de conductas que no están relacionadas con las grandes cadenas de tráfico, como el autocultivo de cannabis o la tenencia para consumo, que son las que dan origen a la mayor proporción de causas judiciales por ley de drogas.

“Todo lo que uno pueda imaginarse de la cadena de tráfico está penado por la ley de drogas, incluso, conductas vinculadas al consumo. Consumir no es delito, pero una conducta vinculada al consumo sí, como la tenencia para consumir. Bastante paradójica la técnica legislativa de la ley.”– observa Chigal, quien detalla de qué manera se termina criminalizando en mayor medida conductas vinculadas al consumo personal de sustancias estupefacientes o conductas que son realizadas por personas que no tienen importancia en la cadena de tráfico ilegal.

“A nivel país, las causas vinculadas al consumo, según estadísticas del año pasado, se siguen llevando la mitad de las causas por la ley de drogas. El 40% estaba solamente vinculada a la tenencia con fines de consumo y si le sumas un 20 o 30 % de las tenencia simple, que en general son conductas vinculadas al consumo, ya estamos en un 60 – 70%., a lo que hay que  sumarle las conductas del 5 inc a que son las de siembra y cultivo que son un 10 – 15% ya estamos en un 80 – 85% de conductas reprimidas por ley de drogas”– desmenuza Chigal, y con respecto al otro 15% advierte:

“Muchas veces se reprime el transporte y el transportista simplemente es el que conecta un punto de acopio con un punto de venta, de grandes cantidades de droga, y el transportista es el eslabón más chico en ese caso (…) y también las mal llamada mulas, que son las personas que cruzan fronteras, que llevan drogas por sus cuerpos y generalmente las organizaciones de narcotráfico lo que buscan es personas que están en situación de vulneración económica  y social tremenda, les ofrecen poca plata para pasar la droga y son las que tienen los problemas después. (…) Es decir, del 100 % de causas que se inician por ley de drogas, un 90 % está ligado a estas conductas, y pretender luchar contra el narcotráfico de esta manera, no ganamos nada…” observa Chigal sobre las cifras, que muestran que se ejerce una alarmante selectividad penal a la hora de judicializar conductas reprimidas por la ley.

Selectividad penal y emergencia carcelaria:

Chigal vincula la profundización de esa selectividad a la división de competencias en la represión a conductas previstas en la ley 23737. Si bien no es el caso de Misiones, provincias como Córdoba y Buenos Aires adhirieron a la ley por la cual la Justicia Federal persigue los delitos vinculados a las grandes organizaciones y las justicias provinciales se encargan de perseguir las conductas menores contempladas en la ley de drogas.

“Al haber separado las competencias, las policías locales, que son muy fuertes en las provincias, salen a las calles en busca de reprimir estos delitos. Entonces se ve mucha selectividad, se elige mucho a quién criminalizar.” – señala Chigal.

Esto también está vinculado a la emergencia del sistema carcelario: varias de las conductas que más frecuentemente se judicializan tienen penas mínimas que implican prisión efectiva para las y los imputados.

Marcos Chigal sobre ley de drogas: “se elige mucho a quién criminalizar.”

 

“Entonces las cárceles empiezan a abarrotarse de gente que podría estar afuera si uno aplicara una política de drogas respetuosa de derechos humanos y que verdaderamente  vaya en contra de grandes bandas de narcotraficantes. Las cárceles se llenan de personas que en realidad integran los últimos eslabones de la cadena de tráfico.” – indica.

La criminalización como política también conlleva una fuerte estigmatización de las personas que son judicializadas:

“Visto desde la persona que es sometida a un proceso penal, se considera a la persona que transcurre el proceso como un delincuente, como una persona que cometió un delito cuando lo que verdaderamente hizo fue decidir consumir una sustancia. Entonces los problemas que se generan a esa personas son tremendos y a veces son de por vida.”– advierte.

Una política cara e ineficiente:

Una de las situaciones que se dan actualmente con la aplicación de la ley 23737 es su colisión con la doctrina emanada del fallo Arriola, dictado por la Corte Suprema de Justicia en 2009, que declaró inconstitucional la pena para la tenencia para consumo personal prevista en el art. 14 de dicha ley.

Como la ley no ha sido modificada, las fuerzas de seguridad siguen reprimiendo conductas relacionadas al consumo personal, dando lugar a acciones judiciales que terminan archivadas o con sobreseimientos por aplicación de la doctrina del fallo Arriola.

“Se gastan muchísimo millones de dólares en perseguir estas conductas vinculadas a este 80% de causas vinculadas al consumo y lo que hay que decir es que es plata que termina en la nada” – remarca Chigal, quien señala que la ineficiencia de la política actual de drogas a la hora de combatir el narcotráfico es costosa también en cuanto a otros recursos:

“Dentro del sistema se gasta una infinidad de recursos (…) cuando en realidad deberíamos ir contra grandes organizaciones de narcotraficantes, no contra esto.  Se gastan recursos humanos que podrían estar destinados a la investigación de grandes organizaciones de narcotraficantes, lo gastamos en la persona que consume. Visto desde cualquier lugar es nefasto para el sistema penal, que debería ser respetuoso de derechos humanos porque tiene a la Constitución como su horizonte.” – postula.

 

Ley 27350. Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados: “No ha servido absolutamente para nada”

En 2017 el Congreso de la Nación aprobó la Ley 27350 que pretende regular el uso medicinal de la planta de cannabis. El dictado de la ley obedeció a una demanda de legalización del uso de la planta, que de acuerdo a diversas investigaciones científicas tiene grandes virtudes medicinales.  Sin embargo, el alcance de la ley resulta limitado y una parte importante de las causas judiciales iniciadas por ley de drogas en el país están vinculadas a la siembra de cannabis.

Chigal expresa una visión muy crítica sobre sus resultados: “Es una ley que ya tiene 3 años y que fue absolutamente inaplicable (…) con perdón de la expresión no ha servido para nada porque es una ley que trae un sistema de elaboración de productos derivados del cannabis a partir de lo que puede hacer el Estado. O sea el Estado planta con el INTA, investiga con el Conicet, las personas que presentan las patologías que están incorporadas al programa, que actualmente es una sola,que es  la epilepsia refractaria, podrán acceder a esos productos que elabora el Estado, gratis.  Pero solamente pueden acceder al registro los que tienen  la patología, o sea que son muy pocas personas y el Estado no elabora.  O sea que es una ley que es inaplicable actualmente, y a  esa ley está adherida la provincia. – dice en relación a Misiones.

Una de las cuestiones que la ley 27350 no resuelve es el derecho al autocultivo, por lo que Chigal señala la deuda en cuanto a “la protección de derechos de personas que eligen acceder a la sustancia a partir del cultivo casero. Porque éste es el problema,como el Estado no cumple con la ley entonces la gente , las personas comunes y corrientes deciden elaborar los productos en sus casas a partir de la planta, y tener una planta es un problema penal.” – recuerda.

Audio 3: Ley de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados:”Es una ley que ya tiene 3 años y que fue absolutamente inaplicable.”

Chigal expone la situación de personas que necesitan acceder a productos medicinales elaborados en base a cannabinoides:

“Se arriesgan a eso, y en el caso de decidir no arriesgarse a la amenaza penal, van y se arriesgan a la compra. En un mercado que es ilegal, un mercado negro que está proliferado hoy en día de gente que se aprovecha en muchos casos de la condición de salud de la persona que muchas veces sufre dolores y que va  a hacer cualquier cosa para calmar sus dolores. Son estafadores, venden cosas que como no tiene ningún control estatal dice que tiene cannabis pero no tiene nada.” explica, y critica la omisión estatal en el tema,  a pesar de lo cual recomienda al autocultivo y la elaboración casera de derivados del cannabis como la mejor opción:

“Hoy por hoy es la mejor vía para hacer ese tipo de producto porque uno lo elabora en su casa. Primero que esa conducta no puede ser criminalizada, no puede ser penalizada  porque no daña a nadie, ni siquiera pone en peligro a nadie. Es más, cuando las madres deciden hacer los preparados para sus hijos o hijas lejos de hacerle mal a la salud la están beneficiando (… ) No obstante eso, como la conducta sigue siendo delito sigue siendo criminalizada. Pero hoy por hoy es la vía más apropiada para poder hacer los productos derivados del  cannabis porque uno sabe específicamente qué le está dando, en qué condiciones, cómo es el  preparado, la planta no tiene ningún producto químico, es todo natural, la elaboración es natural…” – enumera.

Marcos Chigal: “lo que ha hecho el cannabis medicinal es generar una dicotomía social entre un cannabis medicinal que es bueno y otro que es malo, pero es la misma planta, y a los efectos de la protección en cuanto al derecho de consumir es la misma, no importa qué finalidad le des, ninguna tiene que se criminalizada”

Sin embargo, agrega que “Lo que buscamos es que el Estado brinde una autorización a estas personas para que puedan hacerlo y puedan salir de la clandestinidad, para que no sean perseguidas. Ojalá que se pueda lograr con una reglamentación que en teoría debería entrar en vigencia dentro de poco, que en principio le daría una solución a la problemática que es una solución parcial, no es total, porque lo que deberíamos buscar es la regulación integral, total de la planta.” – postula.

No obstante, más allá de la búsqueda de autorización para las actividades relacionadas al uso medicinal del cannabis, la postura de Reset es la del respeto del derecho de las personas a consumir cualquier sustancia sin ser criminalizadas por ello:

“Lo que ha hecho el cannabis medicinal es generar una dicotomía social entre un cannabis medicinal que es bueno y otro que es malo, pero es la misma planta, y a los efectos de la protección en cuanto al derecho de consumir es la misma, no importa qué finalidad le des, ninguna tiene que ser criminalizada. Esta reglamentación en principio brindaría esta solución y solucionado este problema podríamos avanzar en una regulación un poco mejor, un poco más grande como tiene Uruguay, como tiene Canadá que ha avanzado muchísimo en esta temática.”– concluye Chigal.

 


+INFO:

La organización:

Reset – Política de Drogas y Derechos Humanos “Es una ONG que nace de la preocupación de las personas por buscar un abordaje integral de en lo que hace a políticas de drogas, que sean respetuosas de derechos humanos fundamentalmente de las personas que deciden, eligen consumir alguna sustancia, en la búsqueda de que no sean estigmatizadas por hacerlo, criminalizadas, penalizadas, sometidas a un proceso penal que la verdad es inútil.”- define Marcos Chigal, quien agrega: “La organización es multidisciplinaria, está compuesta por profesionales de distintas ramas que tratamos de hacer ese abordaje integral de la política de drogas: abogadas, abogados, psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, que buscamos todos la misma finalidad que es poder tener una política de drogas respetuosa de los Derechos Humanos. Somos más de 50 personas en la organización, tenemos presencia en la mitad de las provincias del país y la verdad es que nos va muy bien. Hemos conseguido en este poco tiempo de trabajo un reconocimiento en el campo de trabajo nuestro que sorprende y asombra.”

Se puede saber más sobre la organización en su página web: http://resetdrogas.com.ar/

o en su fan page: https://www.facebook.com/resetdrogas

 

 

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